Una de las pocas conquistas reales de la Revolución Mexicana es la educación popular, y ésta comprende también a la educación superior universitaria o tecnológica; se trata de que en un país como el nuestro se debe favorecer la permeabilidad social y cultural a través de la educación y no limitarla y menos aún excluir las aspiraciones de los jóvenes con exámenes de naturaleza restrictiva y con el vicio colonial de la centralización.
Me tocó participar en la estructuración del CENEVAL, pero la idea básica que nosotros preconizamos fue hacer de ese organismo un evaluador para orientar y acomodar vocacionalmente a los estudiantes. Con el tiempo, la burocracia lo pervirtió, convirtiéndolo en un sistema de exclusión, que en quince años ha roto las ilusiones de más de cinco millones de jóvenes.
El presidente Zedillo, con su característica economicista y tecnocrática, fue cómplice desde antes de ser el Ejecutivo, de la disminución de los presupuestos para educación superior, para la ciencia y para la investigación universitaria. Como consecuencia de ello, en los últimos veinte años, la universidad ha disminuido el costo real por alumno en un 50 por ciento, generándose una dificultad para ampliar la matrícula.
En nuestro Estado, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que enseñaba con hechos ser factor de permeabilidad social y cultural, tuvo que ingresar a esa política restrictiva, por las carencias económicas y por la presión centralizadora del CENEVAL. Eso ha hecho que cada año más de 15 mil jóvenes no puedan ingresar, tanto a la preparatoria como a las facultades, y busquen acomodo en escuelas privadas, algunas de dudosa academia, o en los sistemas tecnológicos, cuya falta de integración impide una eficiencia vocacional y una formación para el trabajo.
Al mismo tiempo, y para hacer todavía más compleja la tragedia de la juventud, algunas instituciones privadas que tienen efecto social y por lo tanto son públicas, cuya matrícula es ya de más del 25 por ciento del total de la educación superior, empiezan a exigir que los alumnos tengan promedios superiores a 8.5 en escala de 10, agravando todavía más el problema aquí señalado y convirtiendo a la educación, sin querer o queriendo, en una abstracción elitista económica, lo cual es totalmente contrario a nuestra realidad de país con muchos pobres.
Si a todo esto le agregamos el terrible desempleo profesional, que afecta al 60 por ciento de nuestros jóvenes egresados, y los tristes índices de deserción, estamos propiciando un problema social de gran magnitud y una crisis de identidad de la universidad pública. Para evitarlo, requerimos lucidez y soluciones revolucionarias acordes con nuestra problemática y no copiar sistemas del extranjero.
